El servicio de agua potable en el país y, sobre todo en la capital, ha sido siempre deficiente por numerosas razones, unas más de peso que otras que se atribuyen a la desidia o descuido de las autoridades de los organismos que controlan el manejo y suministro.
En el caso del Gran Santo Domingo, donde las operaciones del control y suministro son regidas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el mayor problema consiste en los lavaderos improvisados de vehículos y los cientos o miles de fugas que se registran en calles y avenidas, sin que se preste atención a su corrección.
El desperdicio inmenso y abusivo, aunque muchas veces se habla y escribe sobre la necesidad de economizar y disminuir el consumo para lograr una equilibrada distribución a los sectores que nunca o pocas veces lo reciben, es poco lo que se hace en este sentido.
Cierto es que el empeño del actual director del organismo, arquitecto Alejandro Montás, es loable, pero una sola golondrina no levanta tempestad y sus colaboradores no son tan diligentes cuando se les llama a corregir una fuga o a resolver el problema de un lavadero improvisado.
También hay que sumar a este grave problema la irresponsabilidad de algunas empresas constructoras y los edificadores particulares, que suelen romper las reglas ante la falta de sanciones efectivas y, rompen las calles para hacer sus conexiones, abren zanjas y provocan otros daños que nunca reparan.
Sin embargo, el servicio es cobrado con exigencia, aunque no llegue, y el reclamo de los ciudadanos tiene poca atención de las autoridades cuando demandan el servicio que pagan sin recibir.
Es hora de que las autoridades de la CAASD y de otras corporaciones se pongan los pantalones y comiencen a tomar medida para evitar el criminal desperdicio del líquido, lograr un equilibrio. Si queremos un mejor país, debemos comenzar ahora a corregir sus males.
