Señor director: En el editorial de elCaribe de fecha 18 de abril de 2018, y que tiene título: “La OMSA y los políticos”, se hace un cuestionamiento a la comisión de ética pública de la OMSA.
Con la presente comunicación nos permitimos responder a la pregunta del editorialista. Pero antes de nuestra respuesta, reconozco que el editorial es un aporte valioso al proceso de construir una administración pública transparente y ética, fundamental para el funcionamiento de la democracia en cualquier parte del mundo.

Informamos al país a través de elCaribe, que cuando se produjo el conjunto de problemas detectados en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no existía la actual Comisión de Ética Pública en la OMSA. Funcionaba una comisión de ética que dependía mayoritariamente de la máxima autoridad. Por esto estaba incapacitada para actuar de manera independiente en defensa del bien hacer y el bien común. Y fue por esta razón que el presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en una reunión con todos los altos funcionarios del Gobierno, expuso que las comisiones de ética no podían funcionar adecuadamente por su dependencia con los incumbentes de las instituciones del gobierno central. A renglón seguido instruyó al ministro Gustavo Montalvo y a Lidio Cadet, director general de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, para que le presentaran un nuevo proyecto de decreto a fin de superar la situación de debilidad de las comisiones de ética pública. Así nació el decreto 143-17 situación, según la cual se produjo una revolución en la configuración de cada comisión de ética.

El 31 de agosto de 2017 fueron juramentadas por el Presidente de la República las primeras 206 comisiones de ética pública. Estas tienen inamovilidad laboral durante los dos años que dura su período y hasta dos años después de terminar el mismo. Tienen autonomía financiera, con fondos consignados en el presupuesto nacional para su trabajo en defensa del bien hacer. Toda su labor se hace en relación directa con la Dirección General de Ética sin pasar por las máximas autoridades. La comisión de ética podrá ser empoderada o apoderarse para conocer de todos los casos y situaciones que impliquen una posible falta de ética en la institución… Podrán solicitar peritos y técnicos especializados para conocer y analizar la asistencia de este tipo de profesionales (ver decreto 143-17, Art. 12 y su párrafo). El día de la juramentación yo dije, al pronunciar el discurso central, que “estas comisiones de ética están crudas y que las íbamos a comenzar a formar”. Efectivamente, desde el 31 de octubre hasta la fecha hemos estado trabajando en lo concerniente a prepararlas para que, a capa y espada, defiendan el interés nacional en la administración pública recta y transparente. En unos dos años, cuando el ciudadano compare lo que era el
desempeño ético de una institución y lo que será entonces, quedará evidenciado un proceso palpable. Ya tenemos varios casos detectados por comisiones de ética que han actuado con eficiencia y prontitud.
Lidio Cadet, Director de la DIGEIG

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