La democracia está sustentada en instituciones y actores políticos que deben desempeñar su papel para que el Estado cumpla con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. En una sociedad democrática es vital que el sistema de frenos y contrapesos funcione de manera adecuada. El poder político ejercido sin control ni rendición de cuentas, corre el riesgo de corromperse y actuar de manera abusiva. Por eso, en un sistema político que se precie de democrático, son esenciales temas como la división de los poderes públicos, la existencia de fuertes órganos de control, el trabajo crítico y objetivo de la prensa y el ejercicio de una ciudadanía responsable.

Una de las instituciones políticas más importantes en la tarea de fiscalización es el Congreso. Sin embargo, en la práctica ha renunciado a su función de control o cuando intenta cumplirla, es seriamente cuestionado. Esto viene a colación a propósito del debate generado en la Cámara de Diputados por el proyecto de resolución de varios legisladores del PRM para investigar la contratación por el gobierno dominicano de las empresas de Joao Santana y Mónica Moura, para asesoría en materia de estrategia de comunicación. La fiscalización del gobierno central es una facultad legítima de los legisladores. No debe extrañar entonces que cualquier diputado, del oficialismo o la oposición, pida cuentas a un funcionario o a una institución del Estado.

El Ministerio Administrativo de la Presidencia y el DICOM en este caso, deben continuar en la línea de dar respuestas al Congreso y la sociedad, iniciada con la comunicación enviada al presidente de la Cámara de Diputados. La respuesta a la solicitud de investigación no debe ser el denuesto o la descalificación, como se ha pretendido hacer desde las redes sociales, sino los argumentos y las pruebas que permitan demostrar si se ha actuado o no con apego a la ley y con la debida transparencia en la gestión de los recursos públicos. Las evidencias por sí mismas deberán demostrar de qué lado está la verdad.

Esta situación deberá ayudar a crear las condiciones para que se fortalezca el rol de control y fiscalización del Congreso Nacional. Se requiere de un Poder Legislativo más activo en la interpelación de funcionarios y en la investigación del manejo del erario. Al mismo tiempo, se pone en evidencia la necesidad de realizar profundas reformas legislativas en lo relativo al financiamiento de las campañas políticas y al sistema de compras públicas. La ley 340-07 sobre compras y contrataciones del Estado, adolece de serias limitaciones que impiden una mayor transparencia en las compras públicas. Por esta razón, su modificación debe ser una prioridad del Estado dominicano.

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