Ladrones, asaltantes, corruptos, perversos, desalmados, ineficientes, indolentes, vividores, vagos y rentistas de la impunidad, son algunos de los calificativos que a diario reciben los políticos dominicanos en las redes sociales, en declaraciones de prensa y en conversaciones de miembros de la sociedad civil, del empresariado, de gremios laborales, de profesionales y si, también de algunos miembros de organizaciones religiosas.
Culpan a los gobernantes y políticos que han administrado del Estado dominicano desde 1966 de nuestro atraso y subdesarrollo. Se refieren al político con un nivel tal de desprecio que uno pensaría que al buscar en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española la palabra político, en vez de leer persona “que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado” o que “rige o aspira regir los asuntos públicos”, leeríamos “animal depredador, altamente corrupto y desalmado, que reina en el Este de la Selva de Quisqueya”.
Mientras eso sucede, el país, a pesar de lo que algunas mini-minorías piensen, ha cambiado y progresado en los últimos 50 años, como nunca antes lo había hecho desde que nos declaramos libres e independientes en 1844. Sólo un organismo unicelular afirmaría que hace 50 años estábamos mejor.
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Veamos. En 1966, el PIB era de US$888 millones; este año, según el FMI, alcanzará US$80,413 millones. El ingreso per-cápita en 1966 era de US$227; este año terminará en US$7,830. El gasto total de consumo anual del país llegaba a US$660 millones en 1966; este año terminará en US$56,290 millones. La inversión bruta total fue de US$88 millones en 1966; este año ascenderá a US$19,800 millones. El ahorro interno bruto ascendió a US$52 millones en 1966; este año llegará a US$18,964 millones. Mientras la tasa de desempleo ampliada en 1966 era de 28%, este año terminará en la vecindad de 12% mientras que la abierta se reducirá a 4.5%.
En 1966, exportamos bienes por US$137 millones; este año sobrepasaremos los US$10,500 millones. Si incluimos los servicios, en 1966 apenas exportamos US$161 millones; este año sobrepasaremos los US$20,000 millones, levantado principalmente por el turismo. Mientras en 1966 apenas llegaron al país 17,500 turistas que prácticamente cabían “en la cabeza de Miolán” y generaron ingresos por US$$3.5 millones (así es, tres millones y medio de dólares), este año recibiremos 6,550,000 turistas que generarán ingresos por US$7,600 millones. En 1966, recibimos ingresos de inversión extranjera directa por US$33 millones. Este año, recibiremos US$3,500 millones. Mientras los ingresos de las remesas alcanzaron US$214 millones en 1966, este año sobrepasarán los US$6,400 millones. A US$44 millones ascendían las reservas del Banco Central en 1966; a final del 2018 cerrarán en la vecindad de US$7,500 millones.
No teníamos parques de zonas francas en 1966. Hoy contamos con 71 que acogerán a final de este año casi 700 empresas. En 1966, la generación total de electricidad en el país ascendió a 548 GWh. Este año terminará en unos 17,000 GWh. Teníamos un parque de generación en 1966, con una capacidad total de 135 MW; cuando las dos unidades de Punta Catalina entren en operación comercial en el 2019, tendremos un parque de casi 5,000 MW. En 1966, menos de la mitad de los hogares del país tenía acceso a la electricidad; hoy día el 98% tiene acceso.
En 1966, teníamos un solo aeropuerto internacional. Hoy tenemos 8. En aquel entonces, tuvieron lugar poco más de 6,000 vuelos aéreos regulares; este año pasaremos de 91,000. En 1966, por los 8 puertos que teníamos, movimos el equivalente de 94,000 contenedores de 20 pies. Este año, por los 12 puertos marítimos existentes, moveremos 1.6 millones de contenedores. En 1966, teníamos 11,300 vehículos de motor, incluyendo motocicletas. Cuando termine el 2018, contaremos con 4,350,000 vehículos, 385 veces más que hace 52 años. La longitud de la infraestructura vial definida por la sumatoria de carreteras, caminos vecinales y caminos transitorios, no llegada a 5,000 kilómetros en 1966; hoy sobrepasa los 20,000, a lo que debemos añadir mejoras sustanciales de la calidad de la infraestructura vial, como han reconocido entidades internacionales especializadas. En 1966, apenas superábamos las 30,000 líneas telefónicas, todas fijas; este año terminaremos con más de 10 millones, de las cuales un millón son fijas y 9 millones móviles. Agreguemos a eso 7.4 millones de cuentas de internet a julio del 2018.
La tasa de mortalidad infantil era de 94 por cada 1,000 nacimientos en 1966; actualmente es de 18. Para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte lo que existía era un IDSS, que operaba un sistema financieramente inviable, con una cobertura que apenas sobrepasaba el 10% de la población. Hoy, gracias a la reforma aprobada en el 2001, tenemos un sistema robusto, financieramente viable, con una cobertura que alcanza al 74% de la población en materia de seguro familiar de salud y un total de cotizantes al sistema de pensiones equivalente al 90% del empleo en el sector formal de nuestra economía. La pobreza, que afectaba prácticamente a las dos terceras partes de la población en 1966, este año caerá a menos de la cuarta parte (22.8%). La esperanza de vida, que apenas era de 56 años en 1966, hoy es de 74.
¿Quienes han sido los principales responsables de esos resultados? ¿La sociedad civil? ¿Nuestros sabios y santos periodistas? ¿Nuestros ilustres y transparentes empresarios? ¿Nuestros encumbrados y tributariamente cumplidores profesionales? ¿Nuestros sindicalistas? ¿Nuestros sacerdotes de la luz? No. Han sido las políticas públicas que han ejecutado los “malditos” políticos dominicanos.
Balaguer (22 años), Guzmán (4), Jorge Blanco (4), Leonel (12), Hipólito (4) y Danilo (6) son los responsables principales, con las reformas, medidas y acciones que han promovido y ejecutado desde ese Palacio que construyó Trujillo, del progreso económico, social e institucional que hemos registrado en los últimos 50 años.
Los gobiernos de Joaquín Balaguer, con sus grandes inversiones en infraestructura física (presas, acueductos, carreteras, caminos vecinales y viviendas), el fomento al turismo y a las zonas francas, y las reformas estructurales de principios de los 90s (arancelaria, tributaria, laboral y promoción a la inversión extranjera); el de Antonio Guzmán, con la despolitización de las Fuerzas Armadas, la amnistía a presos políticos, la recuperación del salario mínimo, las inversiones en transporte público, y el fomento de agroindustria; el de Salvador Jorge Blanco, con la reforma tributaria que creó el Itbis y la trascendental unificación cambiaria que motorizaría la expansión del turismo y las zonas francas; los de Leonel Fernández, con la restauración de los ingresos del diferencial del petróleo, la capitalización de las empresas estatales, las inversiones en mega-proyectos tendentes a elevar la competitividad (autopistas, carreteras, elevados, túneles), la construcción del Metro de Santo Domingo, la promoción de la inversión extranjera y su discurso a favor de la iniciativa privada; el de Hipólito Mejía, con la reforma tributaria orientada a reducir la masiva evasión del impuesto sobre la renta, la trascendental reforma del sistema de seguridad social (seguro familiar de salud y pensiones), el inicio de la focalización de subsidios sociales que luego ampliarían y fortalecerían los gobiernos del PLD, la obligatoriedad de los miembros de consejos de directores de bancos de responder con su patrimonio ante cualquier agujero financiero, y el acuerdo con Estados Unidos para incorporar al país al DR-CAFTA; y finalmente, los de Danilo Medina, con la decisión de crear las bases para una revolución educativa que arrancó con la inversión del 4% del PIB en educación, el fortalecimiento de la institucionalidad presupuestaria, el énfasis en las políticas de inclusión económica y social (democratización de proveedores del Estado, proyectos de visitas sorpresas, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1), la creciente inversión en infraestructura hospitalaria, la reforma del sistema y la administración tributaria, la exitosa renegociación del contrato con Barrick, la continuación de la ampliación de la infraestructura física requerida para elevar la competitividad (autopistas, carreteras), la fuerte inversión en la generación de electricidad, y la promoción de la inversión extranjera, explican la diferencia entre la República Dominicana de 1966 y la de hoy.
Todos los gobernantes que hemos tenido desde 1966, han reconocido la importancia de la paz social como sustento indispensable para el progreso económico y social. Todos se han esforzado siempre para garantizarla. No es por casualidad que en la República Dominicana (69.6) aparece en segundo lugar junto a Panamá (69.8), por debajo únicamente de Chile (70.1) en el Índice de Riesgo Político 2018 (Marsh). Sin esa paz social, no habríamos estimulado tanta inversión nacional como extranjera.
¿Que pudimos estar mucho mejor? Claro que sí. Pero generalmente, la democracia no permite más. Lee Kuan Yew logró mucho más para el Singapur que gobernó con mano firme y visión clara durante 46 años (incluyendo años como 1st Senior Minister). Gobernó para enriquecer a Singapur. Lamentablemente, el nuestro, Trujillo, utilizó su mano firme para enriquecerse él, a costa del pueblo dominicano.
La clase política dominicana tiene mucho que exhibir para mantener la cabeza en alto. Es cierto que han existido debilidades e indelicadezas y que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad para minimizarlas. ¿Qué ha habido corrupción? Claro que sí. ¿Cuánta? No sé. La que yo si puedo estimar, una que Balaguer definía también como corrupción, es la evasión fiscal en que incurren empresarios, profesionales y otras personas físicas. Sólo en el período 1991-2018, esa “corrupción” por evasión del impuesto sobre la renta y el Itbis se llevó entre las uñas RD$3,023,128 millones. ¿Entonces, quienes son más ladrones, asaltantes, corruptos, perversos, desalmados, ineficientes, indolentes, vividores, vagos y rentistas de la impunidad?
