En Nueva York, casi sin exagerar, en cada esquina hay un parque, en un entorno que une la ciudad y sus habitantes, integrándolos con el medio ambiente. Este esquema se reproduce en todas las grandes urbes del mundo: crecimiento con orden y espacios para el ocio, respeto por el ciudadano, por la ciudad y por los parques.
En el país vamos a contracorriente. Crecimiento horizontal desordenado, cordones de miseria, irrespeto al ciudadano, falta de espacios públicos, y un desafecto constante a la institucionalidad.
Esto, en todos sus puntos, esta sucediendo en el Parque Mirador del Este, en el municipio de Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo.
El parque tiene más de 40 años de existencia y forma parte de un conjunto de obras urbanísticas, con intenciones culturales, históricas y turísticas, que incluye, entre otras, la Avenida España, el Puerto Sans Soucí, el Monumento a la Caña, el Faro a Cristóbal Colón y el Parque Los Tres Ojos.
Pero el crecimiento desordenado y la constante complicidad estatal mantienen al Gran Santo Domingo “entaponado”, y si bien es cierto que se deben procurar soluciones al problema del transporte y el congestionamiento de la capital de la República, no es menos cierto que estas no deben ser mutilar, regalar y desordenar espacios públicos de la importancia del Parque Mirador del Este. Situaciones complejas como esta, ameritan soluciones creativas e inclusivas.
Para descongestionar la capital se proyectan unas “cinco grandes terminales de buses interurbanos”, una de estas se construye en terrenos del Parque Mirador del Este. Esta construcción la encabezada el Ministerio de Obras Púbicas y la apoya decididamente el alcalde del municipio, Alfredo Martínez, a quien llaman “El Cañero”.
La construcción parece no contar ni con los estudios de suelo ni medioambientales de rigor, ni con los permisos del Concejo de regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Incluso, muchos de los ediles se enteraron de la importante construcción por la prensa. Entonces empezaron las protestas, encabezadas por residentes del ensanche Isabelita y regidores de distintos partidos políticos del municipio, luego se sumaron unos diputados y representantes de las iglesias evangélicas.
En el tema, aunque sea extraño en nuestra fauna política para bien de las mayorías, todos los regidores están unificados, no contra la construcción, sino del lugar escogido, proponiendo que se realice en “las proximidades del Puente Juan Carlos, en la entrada del Hipódromo o en uno de los espacios vacíos cerca de la autopista Las Américas”, protegiéndose el Parque Mirador del Este. Lo cual parece prudente, pero al continuar la obra la pugna fue llevada al Tribunal Superior Administrativo, el cual de forma precautoria ordenó suspender los trabajos y dio un plazo de tres días al Ministerio de Obras Públicas para que entregue los documentos que avalen los usos de suelos y ambientales para la construcción, la cual siguió por unos días y se bombardearon con lacrimógenas diputados, regidores y comunitarios que exigían detenerla.
Esto es un desacato e irrespeto institucional, un crimen medioambiental y, parafraseando a Telleyrand, un error político que debe ser corregido.
