Dos abogados denunciaron que un hombre al que acusan de lavados de activos tiene nueve meses preso sin que se le conozca medida de coerción.
Los juristas Salvador Catrain y Francisco Manzano indicaron que a su cliente Juan Tomas Richiez Ditrén, se le están violando sus derechos fundamentales y el caso se encuentra en un “limbo jurídico”.
Señalan a la procuradora fiscal de La Romana, Reina Rodríguez, como la responsable de que la medida de coerción no pueda ser conocida, ya que según aseguran ésta “mantiene en zozobra a todos los jueces penales de dicha localidad con amenazas cuando intentan conocer la audiencia”.
Apostados frente a la Suprema Corte de Justicia, los abogados afirmaron que la magistrada Rodríguez ha presentado varios incidentes para que el caso no sea conocido.
Según dijeron que el último incidente presentado por la fiscal fue recusar al tribunal que conocía una solicitud para que se separe su proceso y se le conozca la medida.
Aseguraron que la recusación fue realizada “sin sustento jurídico alguno” y que el apresamiento del imputado en agosto del pasado año se hizo sin orden de arresto.
