La eventual firma de un pacto fiscal en República Dominicana debería implicar derogar una infinidad de leyes que se han creado en el país, que confieren al Presupuesto Nacional una rigidez enorme.

De hecho, esas leyes no hacen más presión al presupuesto porque los gobiernos normalmente no las cumplen a cabalidad. El planteamiento está contenido en el libro “La Perspectiva de República Dominicana en el marco de las cambiantes tendencias mundiales”, que es el producto de una conferencia pronunciada por el ministro de Economía, Isidoro Santana, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Esas leyes a las que hace referencia el funcionario público son las que obligan a destinar recursos para la educación, para la Junta Central Electoral, para los partidos políticos, la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados, para el Poder Judicial, para la propia UASD y para el Banco Central, entre otros.

Actualmente, no está sobre la mesa la discusión sobre la firma del pacto fiscal y el propio Gobierno ha dejado claro, a través de varios de sus funcionarios, que no le interesa embarcarse en el abordaje de ese tema por ahora, a pesar de que la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) manda que se llegue a tres grandes acuerdos en el país. El primero de ellos es el Pacto por la Educación, que se realizó hace varios años; la firma del Pacto Eléctrico, que luego de estar a la puerta de la conclusión ha caído en una suerte de limbo, y el Pacto Fiscal, que no está en la agenda de la actual gestión gubernamental. “Si el Gobierno cumpliera todas las leyes citadas y encima tiene que pagar otras cosas que también están en leyes, aunque sin establecer cuotas fijas, como la deuda pública o la seguridad social, entonces prácticamente no podría atender ni los servicios de policía ni mucho menos infraestructura”, explica el libro.

Algunas excepciones

Desde el punto de vista de Santana, salvo algunas leyes que deben defenderse, como la que dispone que debe asignarse el 4% del Presupuesto Nacional para el sector educativo, y el porcentaje para los municipios, las demás leyes hay que derogarlas y darle flexibilidad al que va a elaborar el presupuesto de que, conforme a los criterios de racionalidad y atendiendo a la disponibilidad, entienda a quién debería dar más y a quién debería dar menos. “Mientras innumerables servicios no pueden ser atendidos, otras instituciones pueden darse el lujo de malgastar el dinero de los contribuyentes”, dijo el ministro de Economía, en referencia al tema de las asignaciones y tomando en cuenta las entidades a las que se les asigna, frente a servicios que no pueden ser cubiertos.

Plantea que otra parte de esta negociación devenía ver cómo se va a financiar Ia seguridad social. “Normalmente, para los países, los costos de la seguridad social son elevados y absorben una parte muy grande de los recursos públicos”, plantea Isidoro Santana.

Creciente deuda cuasi fiscal traba programas

En otra parte de su análisis, el responsable de la planificación económca se pregunta cómo vamos a pagar la deuda cuasi fiscal. “Esto es un asunto serio, esa deuda sigue creciendo cada año, pero con una agravante que dificulta luchar contra la pobreza, porque tenemos en República Dominicana la dualidad de un órgano emisor y gendarme de la política monetaria y de la estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo, es un órgano emisor de deuda pública, que vive colocando deudas en el mercado financiero, compitiendo con el Ministerio de Hacienda”, dice.

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